¿Mal augurio para Chile?

Mario Arend

Es un mal augurio que el día martes 13 de la semana pasada Fitch Ratings le diera una perspectiva negativa a la clasificación de riesgo soberano de Chile. La noticia levanta la amenaza de que el gobierno, las empresas y las personas puedan enfrentar mayores tasas de interés y costos de financiamiento en el futuro, lo que afectaría negativamente la inversión, el crecimiento económico y el empleo.

Chile goza de una situación privilegiada en clasificación de riesgo si comparamos los niveles de desarrollo y dependencia a materias primas respecto a sus pares (Austria, Catar, Corea del Sur, Nueva Zelanda, por nombrar algunos). En los últimos 20 años nos habíamos acostumbrado a mejoras en la clasificación y perspectivas para el riesgo soberano, producto de los bajos niveles de deuda y las altas tasas de crecimiento económico. Sin embargo, estos dos factores han mostrado un marcado empeoramiento en los últimos años.

Si bien el deterioro de la deuda pública comenzó el año 2009 con la política contracíclica para enfrentar la crisis económica mundial, y posteriormente se profundizó con la reconstrucción tras el terremoto del año 2010, en los años siguientes dos de las principales agencias clasificadoras, S&P y Moody’s, decidieron aumentar a “alto grado” la clasificación de riesgo soberano de Chile. El país seguía teniendo un bajo nivel de deuda, siendo acreedor neto en un 7,5% del PIB (promedio 2010-2012), mientras que las tasas de crecimiento se ubicaban en torno a un 5,7%. Todo parecía seguir estable hasta que las agencias clasificadoras comenzaron a revaluar los ratings soberanos a países emergentes tras el fin del súper ciclo de las materias primas.

A junio de este año, el gobierno de Chile sigue teniendo una posición acreedora neta de 3,3% del PIB, pero todo apunta a que pasará a una posición deudora neta a partir del próximo año y esta situación no se revertirá en los siguientes.

Hay que recordar que el año 2014 el gobierno decidió postergar el ajuste fiscal, con un ambicioso programa de crecimiento del gasto público de 9,9%, para así hacer frente a una desaceleración que fue interpretada como transitoria. Posteriormente, las autoridades han reconocido que el potencial de crecimiento de la economía chilena se ha reducido, lo que implica un déficit fiscal estructuralmente mayor. Deshacer este mayor déficit no es una tarea sencilla, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, está ejecutando un plan de ajuste gradual que busca conciliar una trayectoria de convergencia de mediano plazo y consideraciones cíclicas de corto plazo.

El reciente aumento del precio del cobre es una buena noticia para Chile en términos de crecimiento e ingreso de las arcas públicas, lo que abriría espacios para acelerar el proceso de ajuste fiscal, de forma tal de ir reduciendo el déficit estructural y el aumento de la deuda pública. Es de esperar también que a futuro veamos un mayor foco en propuestas pro inversión, productividad y empleo, ya que los bajos niveles de confianza continúan restando crecimiento de la economía chilena, afectando los ingresos fiscales.